Uber: si funciona no lo arregle

Luis Larraín

Los taxistas están enojados porque el gobierno no ha puesto entre sus prioridades legislativas el proyecto que regula a Uber y otras compañías que prestan servicios similares. Las empresas de economía colaborativa que actúan en el área de transporte, como Uber, Cabify y otras, son una bendición para los usuarios. Los viajes en la ciudad resultan más baratos, más seguros y más confortables.

Los números son impresionantes en Chile. Uber ha superado los dos millones de usuarios y tiene ya 53.000 conductores, más que los taxistas que circulan por nuestras ciudades.

Desde el punto de vista de los conductores también estas empresas representan una oportunidad. De partida el 65% trabaja 10 horas a la semana o menos, combinando esta actividad con otros trabajos, con estudios o con una jubilación. Además de contribuir a hacerse cargo del serio problema de empleo que tiene Chile, esta modalidad de trabajo se adapta a las condiciones de flexibilidad que cada día se valoran más a la hora de encontrar un empleo u ocupación.

Sin embargo en Chile aún no experimentamos todas sus ventajas; es el caso de Uber Pool, donde uno puede compartir el auto con otros usuarios que se comunican por internet, logrando una tarifa muchísimo más barata a cambio de gastar un poco más de tiempo. Es una suerte de colectivo como los que tenemos acá, pero con recorrido dinámico y desde el punto de vista de eficiencia en el transporte de la ciudad es un gran avance que colaboraría decisivamente a disminuir la congestión y aumentar las velocidades de circulación.

Pero aunque parezca increíble el Ministerio de Transportes, que no digamos tiene precisamente resueltos los problemas de nuestras ciudades en este ámbito, acaba de mandar al Congreso un proyecto de ley que pone todo tipo de trabas al funcionamiento de estas empresas.

De partida, prohíbe la modalidad Uber Pool, la más eficiente para la ciudad, gentileza suponemos de los gremios de colectivos que capturan a la autoridad para que actúe en beneficio de ellos y no de los ciudadanos.

Enseguida introduce una serie de exigencias que tienden a elitizar el uso de estas plataformas. Otra vez la obsesión del gobierno de Bachelet por no permitir a los sectores medios que ejerzan su autonomía.

En efecto, el proyecto define que los vehículos que den este servicio deberán tener un alto estándar de confort y tecnología, exigencia que no hace a los taxis. Lo peor es que dichos estándares serán definidos por el Ministerio de Transportes, es decir los grupos de presión ya saben dónde ir para lograr barreras de entrada a su actividad que proteja su condición oligopólica.

El proyecto también exige licencia profesional a los conductores, en circunstancias que hoy no la tienen. Una importante barrera de entrada que no se justifica. Otra prohibición importante es la de recibir efectivo. Si bien mucha gente percibe que el pago con tarjeta de crédito, eliminando así el efectivo, es un atributo de estas empresas al mejorar la seguridad de los viajes, hay que considerar que hoy el 70% de los viajes de Uber se pagan con efectivo, por la simple razón de que esos usuarios no tienen acceso a una tarjeta de crédito. Por eso esta exigencia haría a estos servicios disponibles sólo para una elite, dejando una vez más a la clase media fuera de los beneficios que puede entregar el mercado.

Y la guinda de la torta del proyecto es lo que llaman el Fondo de Innovación para el Transporte. Se cobraría un impuesto especial por kilómetro recorrido, sólo a esta modalidad de economía colaborativa y sus recursos irían a un fondo que el ministerio repartiría entre los taxistas, supuestamente para lograr innovación en el rubro. Aquí es donde aparece el humor del regulador, que supone que la manera de lograr la innovación es que un burócrata le cobre un impuesto a las empresas que innovan, para que luego ese mismo burócrata junto a quienes se ven amagados en sus intereses por la irrupción de esa empresa, disciernan cuáles son los proyectos que contribuirían a la innovación. Modestamente me permito sugerir un proyecto para el fondo: eliminar el impuesto.